Aunque es obligatorio, funcionarios no deberán hacer pública su 3de3

Aguascalientes, Mayo 10 (2016).-El pasado jueves, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Durante la presentación, se presumió que desde ahora cualquier funcionario público está obligado a presentar su declaración tres de tres (fiscal, patrimonial y de no conflicto de intereses), sin embargo, los servidores públicos tienen la opción de no hacer pública dicha información.

«Aquí hay un tema también importante que confío en que todo mundo lo entienda bien. Lo que es la protección de datos personales», señaló Jorge Varona Rodríguez, coordinador de la bancada mayoritaria (PRI-PVEM) en el Congreso del Estado, así como presidente de las comisiones que discutieron el asunto.

-¿O sea, que la hagan pero no la publiquen?

– Se llama una versión publica que es la que debe darse a conocer, por qué?, para proteger ciertos datos personales que no es simulación ni es una manera de ocultar cosas, sino de que sí se pudiera hacer vulnerable a un servidor público teniendo una fortuna legítima. Los hay, hay quienes por herencia, por sus negocios, por actividades totalmente lícitas, tienen cierto patrimonio y puede prestarse a extorsiones, a chantajes, inclusive a cosas más graves.

Aparte también como ciudadanos en lo particular tienen el derecho de proteger sus datos personales. Entonces hay que cuidar la versión pública de esos datos, pero ya es obligatorio.

-¿Solo se darán a conocer entonces versiones públicas?

-Y en México la legislación nacional determinará las modalidades de esa versión publica para la protección de datos personales, no tiene otro objetivo.

Hoy, la bancada del PAN en el Senado aceptó la propuesta del PRI y PVEM para aprobar una ley 3de3 con limitaciones, que obligue a los funcionarios a publicar los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos de su declaración patrimonial.

La senadora panista Marcela Torres Peimbert explicó que también están de acuerdo con que quede a voluntad del servidor público el incluir o no la información patrimonial de sus cónyuges y dependientes económicos directos.